FSC-CCOO Castilla-La Mancha | 16 mayo 2025.

LEY DE SIMPLIFICACIÓN, AGILIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El Gobierno Regional confirma su compromiso con la privatización de servicios públicos

  • El 8 de abril se confirmó la aprobación del proyecto de la «Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha».
  • La aprobación menosprecia el contundente dictamen en contra del Consejo Consultivo.
  • Desde CCOO entendemos que supone un duro golpe hacia el deterioro del servicio público.

14/04/2025.
NO a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa

NO a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa

Conforme a lo anunciado por miembros del gobierno regional, la semana pasada el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de «Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha». Se cumple así con nuestros peores temores. Ignorando todas las aportaciones, alegaciones y denuncias públicas sigue adelante la tramitación de esta ley que CCOO consideramos que abre la puerta a una privatización masiva de los servicios públicos de Castilla-La Mancha.

Desde hace meses venimos denunciando los riesgos que supone esta ley, hemos presentado alegaciones al anteproyecto de la misma, hemos participado en concentraciones de las Juntas de Personal contra su redacción y nos unimos con otras organizaciones sindicales en la denuncia de esta norma. Hemos denunciado la usurpación de funciones del personal funcionario por parte de entes privados, la imposible reparación de los daños que va a generar un sistema basado en «declaraciones responsables» y «entidades colaboradoras» o la discriminación por renta que supondrá que la ciudadanía para acceder a ciertos servicios públicos tenga que pagar una tasa a una empresa privada.

También el Consejo Consultivo ha establecido en un dictamen que el contenido de la ley en muchos de los aspectos que denunciamos es ambiguo cuando no directamente contrario a la normativa vigente. Queda claro que la ley abre una puerta a la entrada de entidades privadas en la gestión de lo público sin garantizar unos criterios estrictos para el desarrollo de su labor y dejando a la ciudadanía indefensa; la Administración vuelve a actuar como creadora de negocio privado más que como garantizadora de servicios públicos, lo que debería ser su prioridad fundamental.

No, no es una ley de mejora de la Administración sino de desmantelamiento y troceado para beneficio de entidades privadas. No, la ciudadanía no va a recibir mejores servicios sino peores y solo si paga a la entidad adecuada, tal vez, se aceleren «de aquella manera» sus expedientes. No, esta ley no mejora el trabajo del personal de la Administración pues sigue siendo una forma de no aportar los recursos materiales y humanos que se necesitan para una mejora real de los servicios públicos.

CCOO vamos a seguir denunciando esta ley, vamos a seguir luchando para que no salga adelante y vamos a seguir pidiendo que los recursos lleguen a los servicios públicos de la Administración para que se presten directamente por el personal público que es el único capaz de garantizarlos a toda la ciudadanía.