Gaceta 28 de abril de 2020

Día Internacional de la Salud en el Trabajo.

Ver documento

Mesa Técnica de Agricultura

Acta de la mesa técnica de Agricultura celebrada en Toledo el 27 de junio de 2013.

Ver documento

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por raz

Se recoge el compromiso del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública del Diálogo Social 2010-2012. Dicho Protocolo ha sido acordado en el ámbito de la Comisión Técnica de Igualdad de trato entre mujeres y hombres y posteriormente aprobado por la Mesa General de Negociación. El Protocolo se establece como modelo a utilizar por los distintos Departamentos y Organismos Públicos de la AGE, a tal fin deberán adaptar este en el plazo de 3 meses, para acomodarlo a sus necesidades específicas y garantizar su efectiva implantación. Para asegurar que todas las empleadas y empleados públicos disfruten de un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y no se vea afectada por ninguna conducta de acoso sexual y acoso por razón de sexo, se establecen los compromisos y principios que deben regir las políticas y así como las medidas de prevención y el procedimiento de actuación

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. También regula el régimen jurídico de los suelos contaminados. Además, en el marco de los principios básicos de protección de la salud humana y del medio ambiente, orienta la política de residuos conforme al principio de jerarquía en la producción y gestión de los mismos, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de la producción y gestión de residuos.

Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Esta norma establece los requisitos técnicos y condiciones mínimas de los Servicios sanitarios de los Servicios de Prevención para su autorización y mantenimiento de calidad. Se detallan las actividades sanitarias que desarrollarán, aparte de las contenidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, como: Estudiar, las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo, a los solos efectos de identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad y los riesgos de los lugares de trabajo; comunicar las enfermedades que podrían calificarse de profesionales acorde al art. 5 del RD 1299/2006; efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo de indicadores de dicha actividad.

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida,

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas para el

La resolución da cumplimiento a la Orden TAS y a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de racionalizar los recursos que se dediquen al desarrollo de actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social por parte de las mutuas durante el año 2011. Establece que la financiación de las actividades preventivas a desarrollar por cada mutua no puede superar el 0,5 por ciento de sus ingresos por cuotas de contingencias profesionales. El plan de actividades preventivas elaborado por cada mutua debe disponer de unas directrices que persigan la eficacia y eficiencia de la actividad preventiva, de forma que redunden en la mejora de las medidas preventivas implantadas en las empresas y en la reducción de la incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de

Se prorrogan para el ejercicio 2010, hasta el 30 de junio y el 15 de agosto de 2011, respectivamente, las fechas de finalización de los plazos de presentación de las solicitudes de las empresas a las entidades gestoras o mutuas y de remisión por estas a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de los informes-propuesta a los que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración

El objetivo es establecer un modelo de protocolo de actuación frente al acoso laboral, a implantar en cada Departamento u organismo de la Administración General del Estado de acuerdo a sus propias características. El Protocolo que se plantea, desde una perspectiva esencialmente preventiva y de actuación en la fase más precoz de los problemas. El protocolo clarifica el concepto de acoso laboral contenido en el Código Penal, recoge un listado de conductas que pueden constituir o no acoso (Anexo II) y precisa el procedimiento a seguir ante una situación de acoso laboral, determinando los principios que deben presidir este procedimiento. Así mismo, establece un modelo de denuncia que iniciará el procedimiento (Anexo III). El protocolo instituye un «Comité Asesor» que será el encargado de investigar la existencia real de acoso ante la presencia de indicios, fijando su composición y funciones.

Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.

Esta norma viene a corregir el defecto señalado por Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2010 que anuló el apartado segundo del artículo 2.a) del Real Decreto 1755/2007, al entender que, las organizaciones sindicales debían haber sido puntualmente oídas a través del correspondiente trámite de audiencia. En un único artículo redacta de nuevo el párrafo a) del artículo 2 del Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa: Incluye a todo el personal de las Fuerzas Armadas excepto los contemplados en el artículo 2, párrafo a), del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Asimismo, incluye a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa.

REGLAMENTO (UE) N o 494/2011 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a

Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

Trata de garantizar a los trabajadores y sus representantes una información y consulta al nivel pertinente de representación, en función del tema tratado, para lo cual la competencia y el ámbito de intervención del comité de empresa europeo deben distinguirse claramente de los de los órganos nacionales de representación y ceñirse a las cuestiones transnacionales. A tal fin, define: «información», «consulta», con objeto de que el ejercicio de estos derechos se efectúe en tiempo y forma y, antes de la toma de decisiones por las empresas; y «cuestiones transnacionales», para facilitar una adecuada distribución de competencias entre los diversos ámbitos de representación, transnacional, nacional y local, y evitar duplicidades.

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo,

por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias activas y se amplía el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

Corrección de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

Advertidos errores en el Real Decreto 795/2010, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones en el BOE nº 108, de 6 de mayo de 2011.

Orden PRE/1069/2011, de 26 de abril, por la que se incluye la sustancia activa metoflutrina, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.