FSC-CCOO Castilla-La Mancha | 19 abril 2024.

Jornada de CCOO en Albacete sobre el conflicto de derechos que supone la instalación de cámaras de video-vigilancia en los centros de trabajo

    La FSC-CCOO de Albacete ha celebrado hoy en Albacete una jornada de información y reflexión sobre el conflicto de derechos que supone la instalación de cámaras de video-vigilancia en los centros de trabajo, en la que han sido ponentes los letrados del Gabinete Jurídico de CCOO Francisco Gualda y Martín Gualda, y el profesor de Derecho de la UCLM Luis Collado.

    17/06/2016.

    Albacete, 17 de junio de 2016. La jornada, a la que han asistido 65 delegados y delegadas de empresas públicas y privadas y de administraciones públicas, está motivada por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 3 de marzo de 2016, dictada en el Recurso de amparo 7/222/13, que ha sentado doctrina sobre el derecho de los trabajadores a la intimidad y a la protección de datos frente a la potestad patronal de adoptar medidas de vigilancia mediante la instalación de cámaras de video en los centros de trabajo.
     
    La nueva doctrina del TC "prima el interés empresarial y supedita los derechos de las personas trabajadoras al interés del sistema productivo empresarial, pero siempre con el condicionante de la información y de la justificación y la necesidad de la medida", ha explicado Mari Carmen Juste, responsable de la FSC-CCOO de Albacete y organizadora de la jornada.
     
    "Los límites a la potestad patronal están en que no pueda utilizarse otra medida, que se utilice para el fin informado y que no suponga un sacrificio desmesurado para el trabajador ni vulnere el ámbito de la intimidad individual o datos especialmente sensibles, como la religión, condición sexual o la afiliación sindical"
     
    En todo caso, antes de instalar cámaras de video-vigilancia, el empresario debe informar tanto al trabajador como a sus representantes sindicales, (comités de empresa, juntas de personal o delegados sindicales)
     
    A la sentencia del TC se añade el nuevo Reglamento Comunitario sobre esta cuestión, de abril de 2016, que es de aplicación directa en España y que introduce nuevos matices.

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